Desde que la reforma del Código Civil entro en vigor en julio de 2005 y
hasta el año pasado, se han celebrado un total 22.500 bodas entre personas del
mismo sexo. La reforma entró en vigor el 3 de julio de 2005, y convirtió a
España en el cuarto país del mundo que legalizaba estas uniones. El Congreso
aprobó definitivamente esta reforma con los a favor todos los grupos
parlamentarios, salvo el PP y los diputados de Unió, que lo rechazaron, así
como otros cuatro diputados que se abstuvieron.
El 30 de septiembre de 2005 el Partido Popular decidió interponer ante el
Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad
de la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, al entender
que la norma desnaturalizaba "la institución básica del matrimonio". Así,
el PP denunció que la ley vulnera el artículo 32 de la Constitución, que
establece el derecho al matrimonio, y vio igualmente quiebra constitucional en
otros seis artículos (10.2, 14, 39, 53.1, 9.3, y 167) además de acusar al
legislador de un uso fraudulento del término, en consonancia con lo dicho en su
día por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Siete años después de
que la ley reguladora del matrimonio homosexual fuera aprobada, el Tribunal
Constitucional (TC) rechazó el recurso presentado por el Partido Popular (PP)
contra esta norma, y afianzó así, definitivamente, su validez. Esta sentencia
del TC, que recibió ocho votos a favor y tres en contra, y se ha demorado mucho
en busca del mayor acuerdo posible, sintoniza con la opinión mayoritaria de la
sociedad española, que en un 66% es favorable a las uniones homosexuales, según
una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del 2004. Además,
está en línea con la lenta pero progresiva liberalización de usos en las
sociedades contemporáneas.